¿Se debería instaurar una condena a muerte?

El caso de la menor de tres años Romina Cornejo, la niña que fue baleada y dejada en estado cruadripléjico por unos “marcas”, ha reflejado que en nuestro país estamos sumergidos en una ola de inseguridad, violencia y delincuencia terribles. Por lo que ante la indignación generalizada debido a este dramático suceso, la ciudadanía ha levantado su voz de protesta para exigir una drástica pena para los culpables, y muchos políticos que anhelan ganarse el aprecio popular, tomando en cuenta la coyuntura, recurren a respaldar la petición de un pueblo que pide desesperado la aplicación de la pena de muerte. Una condena que, aunque en nuestro país es legamente inaplicable, quienes están a favor de ella sugieren que se realicen los cambios correspondientes para su posible instauración.

En primer lugar, el Perú tiene una serie de tratados suscritos a nivel internacional con organizaciones en pro de los derechos humanos como la Corte de San José, por lo que un establecimiento de la mencionada pena tendría como consecuencia una  respuesta inmediata de las instancias internacionales, cabe resaltar, el peso político que tienen tales organizaciones en ciertos aspectos de nuestro sistema y sus posibles intervenciones están respaldadas por los acuerdos firmados. Además de ello, está el factor de inconstitucionalidad, pues va contra una serie de artículos que hacen constante mención a la dignidad y derechos de la persona humana; otro factor a tomar en cuenta es el aspecto legal de las instituciones penales que respaldan los derechos fundamentales del reo, pues toda pena restrictiva de la libertad –aunque solo está escrito en el papel- tiene como fin la reinserción del reo en la sociedad, no obstante, se sabe que tales aspiraciones son una ironía, pero aún así, legalmente hay una fuerte tendencia humanista. Según Hugo Vizcardo en su libro Derecho Penal General “la aplicación indiscriminada de la pena privativa de la libertad es reflejo del fracaso estatal como instrumento de control social”, lo que no deja de ser cierto. Ello ha originado una sobre población carcelaria y la “acumulación” de todo tipo de delincuentes en un mismo ambiente carcelario, es más, hoy en día se ha ampliado la aplicación de la cadena perpetua para delitos menores en comparación a los de terrorismo, narcotráfico y violación de menores de 7 años. 

Líneas aparte, en vista de la ola de inseguridad que se ha manifestado en los últimos días, la población y una serie de políticos, tal como Keiko Fujimori y varios parlamentarios de la bancada fujimorista, que busca complacer las peticiones del pueblo teniendo en cuenta el periodo electoral, piden la aplicación de la pena capital, a pesar de la realidad de nuestras instituciones judiciales. Cabe recalcar, la poca o nula eficiencia de estas instancias, en las que reinan la burocracia, corrupción y repetidas veces la injusticia, en las que cada juez se encarga de “analizar” un promedio de treinta casos en un mismo periodo, cuando deberían ser muchos menos, entonces siendo así, con qué fundamento se busca que un juez tenga la posibilidad de dar una sentencia tan severa como la pena de muerte. Lamentablemente, es muy posible que de imponerse esta pena en nuestro país se cometan injusticias atroces.

Es este mismo fracaso estatal como instrumento de control social, del que hace mención Hugo Vizcardo, el que se debe combatir y no alimentar. Pues un establecimiento de la pena capital en el Perú respondería a un método desesperado, que actúa sobre las consecuencias de los hechos, cuando en lo que se deberían enfocar (los parlamentarios y otras autoridades competentes al respecto) es en la prevención en materia de inseguridad ciudadana.